El 1 de septiembre, en el evento anual de Agenda8 «Ley de Cero a Siempre, 10 años después», reunimos a Gobierno nacional, Congreso de la República, entidades territoriales, academia, cooperación internacional y sociedad civil para preguntarnos qué decisiones necesita tomar Colombia entre 2026 y 2030 para que la primera infancia deje de ser una promesa en el papel.

Esto fue lo que encontramos:

• La política ya existe. El reto es su implementación. Diez años después de la Ley 1804 de 2016, Colombia no necesita diseñar una nueva ruta. Necesita garantizar que la que ya tiene llegue con calidad, oportunidad y equidad a cada niña y cada niño, sin importar dónde nazca.
• La calidad importa tanto como la cobertura, o más. La evidencia es clara desde hace años: lo que más incide en el desarrollo infantil es la calidad de las interacciones que recibe un niño, no solo si accede o no a un servicio.
• El país necesita sostener sus equipos técnicos, no reinventarlos. Colombia ya tiene línea técnica sólida en primera infancia. El problema es que los equipos que la implementan rotan con cada cambio de gobierno, cada cuatro años, debilitando lo construido.
  
• Cuidar a quienes cuidan es una condición, no un extra. La salud mental de madres, padres y cuidadoras determina directamente la calidad del vínculo que reciben niñas y niños en la etapa de mayor plasticidad cerebral de sus vidas.
  
• Un presupuesto alineado con la política, no solo con el ciclo fiscal. Alcanzar la meta recomendada de inversión en primera infancia podría generar, en el largo plazo, un retorno equivalente a más del doble de lo invertido.
  
• Los datos deben servir para decidir, no solo para investigar. Conectar la información entre salud, educación, registro civil y protección social, sin exponer datos personales, permitiría seguir la trayectoria real de cada niño y cerrar brechas más rápido.
  
• Las decisiones deben construirse con todos los sectores. Durante el ejercicio participativo del evento, Gobierno, territorios, academia, cooperación y sociedad civil coincidieron en seis ejes prioritarios para 2026-2030: gobernanza y articulación intersectorial, capacidades territoriales, acompañamiento a las familias, uso de evidencia, talento humano, y financiación suficiente y sostenible.